Los españoles aceptan la suspensión de ‎su Libertad

España es un extraño país que históricamente ha colaborado con quienes lo invadían, ‎antes de que su pueblo acabara rebelándose con honor; un país inicialmente cobarde ‎cuyo pueblo siempre acaba mostrando bravura. Sin reflexionar, como siempre, España ‎acaba de abandonar la divisa de sus ancestros, a la que seguramente pronto regresará. ‎

Independientemente de la ideología, todos los regímenes políticos tienen como presunto objetivo ‎la protección de sus súbditos o ciudadanos de agresiones frente las cuales nadie puede ‎protegerse de forma individual. Sin embargo, los regímenes políticos pueden afirmar que, ‎en aras de garantizar tal protección, es necesario limitar las libertades de la ciudadanía, cosa ‎que algunos regímenes se creen obligados a hacer con más frecuencia que otros. ‎

El filósofo inglés Thomas Hobbes era capaz de admitir que el Estado llegara a cometer crímenes ‎con total de proteger a sus súbditos de los horrores de la guerra civil, de la que el propio ‎Hobbes había sido testigo. Rompiendo con la lógica de Thomas Hobbes, el filósofo francés ‎Montesquieu concibió los mecanismos de control necesarios ante la Raison d’Etat (la «razón ‎de Estado»). Con Montesquieu, todos los constructores de los regímenes modernos clasificaron ‎las libertades como el objetivo final de las democracias. ‎

En tiempos de epidemias mortíferas, algunos regímenes estimaron que era necesario limitar la ‎libertad de una parte de su ciudadanía, y hasta privarla de ella. Incluso se aceptaba que ‎las democracias pudiesen limitar, de manera excepcional, los derechos de las personas ‎contagiadas, o sospechosas de haberse contagiado, para proteger a las personas sanas. Ahora, ‎con la epidemia de Covid-19, se ha llegado a admitir que se limiten también las libertades de las ‎personas sanas, incluso confinando en sus domicilios a prácticamente toda la población. ‎

Esta nueva norma no fue objeto de un debate democrático. Los gobernantes decidieron ‎imponerla como un imperativo de emergencia y sus conciudadanos la han aceptado como un mal ‎menor. Con ello se ha aceptado un cambio temporal de régimen político ya que, en una ‎democracia, las decisiones políticas son legítimas sólo después de haber sido objeto de debate ‎en el seno de las asambleas que representan a la ciudadanía. Dejándose llevar por sus impulsos, ‎los mismos regímenes de excepción que hace poco prohibían el uso de la burka, ahora se dan a ‎la tarea de imponer elementos de protección de uso obligatorio y la incorporación a los smartphones de aplicaciones móviles para alertar a los usuarios de la cercanía de alguna persona ‎contagiada con el virus. ‎

No estamos hablando de una ficción apocalíptica sino de la realidad que estamos viviendo. Esta ‎‎“evolución” está basada únicamente en las afirmaciones de dos individuos. Según dicen ‎el profesor británico Neil Ferguson –en la Unión Europea y Reino Unido– y el profesor ‎estadounidense Anthony Fauci –en Estados Unidos–, la epidemia de Covid-19 matará al menos ‎‎55 millones de personas en todo el mundo. Actualmente se cuentan 170 000 decesos, o sea ‎‎300 veces menos que la hecatombe que predicen esos personajes. ‎

El miedo a las epidemias está inscrito en nosotros. Sabemos que en ciertas épocas, en ciertos ‎lugares, ciertas epidemias han acabado con civilizaciones. También sabemos que los progresos de ‎la medicina no nos protegen de nuevos virus, precisamente porque todavía no han sido ‎estudiados. ‎

Pero también sabemos que las peores epidemias causadas por virus –como la viruela– ‎no destruyeron civilizaciones. Los imperios precolombinos de América desaparecieron sólo ‎porque a los estragos causados por la viruela se unió la acción destructora de ‎los conquistadores europeos. Los diferentes tipos de peste, como las que provocaron la llamada «Plaga ‎de Justiniano» en el siglo VI y la epidemia de «peste negra» del siglo XIV, son enfermedades ‎bacterianas que pueden combatirse mediante la higiene y hoy podemos vencerlas con el uso de ‎antibióticos. ‎

Desde el inicio de las democracias modernas, Benjamin Franklin, uno de los ‎‎«Padres Fundadores» de Estados Unidos y «hermano» del filósofo francés Voltaire, planteó ‎que: ‎

«Quienes renuncian a la Libertad esencial para comprar un poco de Seguridad temporal, ‎no merecen la Libertad ni tampoco la Seguridad.» ‎
(“Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, ‎deserve neither Liberty nor Safety”.

Por supuesto, esa máxima se aplica también a las epidemias. ‎

Hay que reconocer que el confinamiento generalizado de poblaciones sanas «por su propio bien» ‎es incompatible con el ideal democrático. No se trata aquí de lamentarse sobre ciertos ‎retrocesos de la democracia, decretados –por ejemplo– bajo la justificación de la lucha contra el ‎terrorismo, retrocesos que supuestamente sólo afectaban a una parte de la ciudadanía ‎sin aplicarse a otra parte de ella. Ahora se trata de comprobar que acabamos –al menos ‎de forma temporal– de poner fin a la democracia en muchos países a la vez. Es una decisión ‎que nos concierne a todos y nos encarcela a domicilio por tiempo indeterminado. ‎

Establecer una oposición –como está haciéndose actualmente– entre la actitud del “buen” ‎presidente español Pedro Sanchez, quien supuestamente protege la salud de sus ‎conciudadanos, y la del “malo”, el presidente estadounidense Donald Trump, quien da más ‎importancia a la economía, es sólo una cortina de humo. La triste realidad es que se acaba de ‎abandonar primero el uso de la Libertad, para abandonar después el ideal mismo de Libertad. ‎

Este cambio trascendental no es resultado de una crisis económica ni de una guerra. ‎La epidemia de Covid-19 ha sido mucho menos mortífera que muchas otras epidemias ‎anteriores. Entre 1968 y 1970, la gripe de Hong Kong segó más de un millón de vidas; en unos ‎‎40 años, el SIDA ha matado más de 32 millones de personas. Pero esos virus no modificaron ‎nada en el plano político. Es por consiguiente altamente probable que la actual reacción política ‎ante la epidemia de Covid-19 haya estado determinada por una evolución previa a la realidad ‎misma de la epidemia. ‎

El confinamiento generalizado de la población se ha justificado en los países que lo aplican como ‎una respuesta a la fragilidad del sistema hospitalario. Aunque es falso, ese argumento ‎quiere decir que valoramos más nuestra salud que nuestra Libertad, a pesar de que nuestros ‎ancestros siempre proclamaron que sus vidas eran menos importantes que su Libertad. ‎

Al suspender la democracia hasta nueva orden, los españoles han renunciado a seguir los pasos ‎de sus propios héroes. ‎

SJW’s "Guerreros de la Justicia Social"

Las RRSS (Facebook, Twitter, Youtube, Tumblr...) están llenas de SJW’s "Guerreros de la Justicia Social". Y quien son estos SJW, pues ni más ni menos que Progres reaccionarios, feministas de segunda ola y defensores de la corrección política que participan activamente tratando de solucionar las injusticias sociales que perciben en la sociedad moderna, organizando comunidades en línea para esparcir propaganda, discursos e inclusive condenas a quienes para ellos son transgresores de la justicia. La inmensa mayoría gente de clase media y media-alta, burgueses en una palabra, que expresan y promueven visiones socialmente progresistas y en favor del multiculturalismo y en el fondo son el estereotipo de persona irracional, moralista, sesgada y que se autoexalta.  Los defensores de la "justicia social", tanto afiliados a la izquierda como a la derecha del espectro político, suelen compartir rasgos de violencia, pretensiones de victimismo y demonización de sus oponentes dialécticos.

Otra definición que se puede dar de un Guerrero de la Justicia Social es la que se aplica a bloggers, activistas y comentaristas que realizan extensos y hostiles debates contra otros sobre temas acerca de la política de identidad, corrección política, injusticia social, racismo, feminismo y derechos de las mujeres, homosexualidad, igualdad para los discapacitados, defensa de los afroamericanos y respeto a los grupos minoritarios que son tratados de manera despectiva y deshumanizante. etc.  En todos los casos, la lucha no sale de internet o de las conversaciones con conocidos y, aunque profundamente defiendan estos temas, no los apoyan activamente, aparte buscan los argumentos fáciles y, si estás en contra o no opinas exactamente lo mismo, te llaman fascista y a otra cosa mariposa.

Convirtiendo el activismo de las luchas sociales en simples luchas carentes de ideología real, sin estrategia verdadera, sin objetivos fuertes y peor aún, derrotistas. El capitalismo es una máquina voraz de destruir todo lo que se le interpone y por supuesto, me refiero a lo que se le interpone de verdad. ¿Cómo se puede cambiar la sociedad cuando, a la más mínima ofensa, el mal llamado luchador, se retrae? La revolución no es una cena de gala. No se hace como una obra literaria, un dibujo o un bordado. No se logra con la misma elegancia, calma y delicadeza. Ni con la misma suavidad, amistad, cortesía, moderación y generosidad. La revolución es un levantamiento, un acto de violencia en el que una clase invalida a la otra.

A diferencia de quien realmente se encuentra dentro de la web defendiendo la justicia social, el estereotipo de un SJW es aquel que utiliza una retórica demasiado entusiasta apelando a emociones por sobre la lógica y la  razón y a estadísticas poco confiables. Personalmente, creo que lo peor de los SJW es su hipocresía y la falta de respeto que muestran hacia las personas que realmente defienden aquello que un Social Justice Warrior dice que defiende. Obviamente, estos temas son cosas que se pueden y se deben defender pero el problema es cuando no se realiza de una forma personal y se hace con la finalidad de que la gente vea que te preocupas por los demás y por ello pides en tu muro de Facebook likes para salvar a los niños desnutridos en vez de ir a donar comida o dinero a una ONG, porque no, los likes no alimentan.

Al fin y al cabo, un SJW, es aquella persona que sube una foto pidiendo la muerte de un maltratador de animales y, a continuación, sube una foto a favor del Eid al Adha o Aid al-Adha, felicitando a la comunidad musulmana. Otra de las características típicas de los SJW es que se ofenden mucho y muy rápidamente y si es así te lo hacen saber o que se ofendan al escuchar comentarios o situaciones con un tono humorístico, sin darse cuenta de que no deja de ser humor y que, aquello que se dice, no es realmente lo que se piensa o se defiende.

Los SJW luchan con distintos fines, los más comunes son el feminismo de segunda ola, la igualdad y el respeto, la protección animal, la paz y el cuidado del medio ambiente. Según algunas investigaciones, se considera que este tipo de personas hacen uso de ciertas herramientas y formas para lograr su objetivo, tales como:

- Hacer callar a través del discurso a quienes no comparten sus puntos de vista o castigando a quienes consideran como un delincuente de acuerdo a lo que ha expresado.

- Creer que el consenso es más importante que la objetividad. Esto se debe a que se considera que el consenso se puede llevar adelante a través de la narrativa de los hechos culturales o ideas que poseen una población específica. Y de este modo se puede fabricar controlando esta narrativa a través de la dominación de los medios y eliminando el discurso que van en contra de lo que se debería creer. Así las creencias se pueden sostener aún en contra de todo pensamiento científico probado y de toda razón fundamental básica.

- El mensajero es más importante que el mensaje.

- Exagerar frente a lo que consideran el valor de la igualdad

- No participar en debates abiertos.

Asimismo se considera que en realidad muchos de sus argumentos son tomados de otros bloggers más populares o de un comentarista del momento, y así hacerse más populares a cambio. Además de no creer realmente en lo que dicen ni preocuparse por los grupos que defienden, sino utilizar todo eso para aumentar su reputación personal o su propio ego.

Su plataforma favorita para manifestarse es Tumblr y últimamente Twitter o Facebook.

¡Menos de 2 años no se cumplen! Suspensión de penas de prisión

A la pregunta de si nos ponen una pena de prisión de 1 año y no tengo antecedentes ¿podemos ir a la carcel? La respuesta es sí.

Puedes entrar en la cárcel con una pena de prisión de dos años o menos, incluso sin antecedentes

El Código Penal no prevé la obligatoriedad de sustituir una pena de prisión por, por ejemplo, una de multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Lo hemos oído un millón de veces: “¡Si la pena es menor de dos años no se cumple!”.

Incluso, quien afirma lo anterior suele hacerlo de modo tajante, con el tono de quien habla ex cathedra porque está absolutamente seguro de lo que dice. Estas personas suelen estar en el grave error de no darse cuenta de la importancia de contar con los servicios de un experto abogado penalista.

Bien, para estas personas y para todos aquellos interesados por la materia, una serie de puntualizaciones:

1.- La tarjeta que le libra de la cárcel sólo existe en el Monopoly. Piénselo detenidamente. Si lo que usted ha escuchado en una tertulia de café fuera cierto y las condenas de menos de 2 años no se cumplen ¿por qué iba la Administración de Justicia a gastar recursos que ya son bastante limitados en un proceso judicial sin sentido porque llegado el caso, el condenado hará uso del comodín para evitar la cárcel?

2.- Aun siendo cierto que las penas inferiores a dos años pueden ser suspendidas (atención, aquí la palabra mágica es “pueden”), lo cierto es que para que esa suspensión se conceda tienen que darse, a su vez, tres requisitos, a saber:

·         Que el condenado haya delinquido por primera vez 

– ¿Y los antecedentes penales que sean cancelables cuentan?

– No, no cuentan (ni los correspondientes a condenas por delitos leves), pero tampoco ayudan. Recordemos que, al final se trata de una suspensión que el Juez puede conceder (o no), de modo que si lo primero que sabe de nosotros cuando pedimos la suspensión es que no es nuestra primera vez ante la Justicia, esto puede pasarnos factura. Sería muy conveniente cancelar esos antecedentes antes de llegar al momento de pedir la suspensión.

-Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes por delitos que por su naturaleza o circunstancias no sean relevantes para la valoración del riesgo de comisión de nuevos delitos, (pero una vez más, tener antecedentes de este tipo tampoco ayudará a la concesión de la suspensión)

·         Que la pena impuesta (o la suma de todas si son varias) no superen los 2 años. Esto, en general, sí se lo sabe casi todo el mundo.

·         Que se haya abonado el total de la responsabilidad civil   (indemnización al perjudicado por el delito), o se haya asumido por el penado un compromiso de abono de dichas cantidades, “de acuerdo a su capacidad económica”.

·          

-Ah, pues ya está: ¡Me declaro insolvente!

-Lo siento, pero, una vez más, las cosas no funcionan así: la insolvencia del condenado no la declara él mismo, sino el Juez o Tribunal tras haber averiguado cuál es su patrimonio, (si tiene un salario, cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles, etc.) Sobre ésto, una última advertencia: Muchísimo cuidado si alguien esta pensando en poner sus bienes a nombre de otra persona para causar una falsa impresión de insolvencia, porque eso puede constituir un nuevo delito de alzamiento de bienes, de que ya hablaremos otro día.

3.- Pero es que cumplir a rajatabla los puntos anteriores tampoco nos garantiza obtener la suspensión de la condena. De manera que una vez que cumplimos esos requisitos, llega el momento en que el Juez se plantea si nos concede o no dicha suspensión

– Y ¿en qué se basa para decidir?

– El Código Penal dice que se basará en las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes su conducta posterior a los hechos (con especial atención al pago de la indemnización impuesta, circunstancias familiares y sociales y en los efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución de la pena. Esto, en cristiano supone que las probabilidades de obtener la suspensión son menores si el delito se ha cometido con el uso de cualquier tipo de violencia o el delito reviste especial gravedad a juicio del órgano judicial o si el condenado los tiene otros procedimientos judiciales abiertos, incluso aunque no haya sido juzgado, ni mucho menos, condenado.

Moraleja: aunque el delito que le imputan tenga pena inferior a dos años, sigue siendo igualmente imprescindible preocuparse por seguir la mejor estrategia de defensa posible que maximice las posibilidades de obtener una sentencia absolutoria o, en el peor de los casos, obtener la suspensión de la condena impuesta, aportando los argumentos y motivos más convincentes para el Juez o Tribunal decida concederla.

¿Por qué la izquierda no combate la inseguridad?

Deja indefensos a los más débiles frente al ascenso del delito porque la ideología la lleva con demasiada frecuencia a tomar partido por el delincuente. La izquierda ha descuidado un fenómeno que golpea sobre todo a los más pobres, porque ve en el delincuente a una víctima de la sociedad. Y a la seguridad como un reclamo de la derecha.

Una "cultura de la excusa" la lleva a ignorar a la víctima para asumir la defensa del que viola la ley. Privilegiar las causas sociales en la explicación de los motivos del delito, es una cosa. Renunciar a combatir la delincuencia es otra. Pero, para la izquierda, la explicación se convierte en excusa. Excusa para el delincuente y excusa para la inacción de los poderes del Estado.

Otra creencia es la de que una mejora de la situación económica traerá automáticamente una caída en los índices del delito. En la práctica, es apostar a que el tiempo lo resuelva todo. Podemos comprobar la falsedad de esa tesis en América Latina: la región ha crecido sostenidamente en los últimos años, pero en muchos países latinoamericanos el flagelo de la delincuencia no sólo no retrocede, sino que avanza.

Una falsa ecuación

Que las medidas de seguridad son de derecha, hasta fascistas. Ese es el discurso de las elites culturales totalmente desconectadas de la realidad. En los suburbios, el electorado de izquierda pide más seguridad, igual que el de derecha y los padres que quieren que sus hijos circulen tranquilamente por las calles de su barrio no son de derecha ni de izquierda, son padres.

Al negar la realidad de la delincuencia, los "bienpensantes" del progresismo no han entendido que la inseguridad toca justamente a los más carenciados, ahoga a los servicios públicos y a las barriadas. La izquierda ha olvidado sencillamente que las primeras víctimas del incremento de la inseguridad son los trabajadores, la gente humilde.

Los delincuentes, el nuevo proletariado

"A los que roban, se los encarcela; a los que violan, se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica (sic) y el curioso proyecto de encerrar para enderezar?", se preguntaba Foucault, por ejemplo.

"Para la intelligentsia, el nuevo proletariado, son los delincuentes". Traiciona a sus propias bases en nombre de la defensa de los "fuera de la ley". Los que cometen delitos estarían en rebeldía contra una ley y un orden "injustos". Son ellos las víctimas. Con este discurso, la izquierda deslegitima totalmente la idea de represión.

Otro aspecto que se despega del dogma progresista es su defensa de la policía. Acusa a la izquierda de racismo policial. Para ella, "los policías son siempre presuntamente culpables, y los delincuentes son siempre totalmente inocentes". Eso explica que se movilicen por los casos de gatillo fácil o abuso policial, pero jamás por las víctimas de la delincuencia.

No se hará retroceder la inseguridad sin rehabilitar a la policía y que ésta necesita sentir el respaldo de todo el país, pero, para la intelligentsia, eso es inimaginable, porque reserva su compasión para los delincuentes y no tiene ni una palabra de consuelo o aliento para los que trabajan, los que estudian o los que padecen por la delincuencia. Mucho menos para los policías caídos en cumplimiento del deber. Existe un divorcio entre el pueblo y las elites: en las zonas sensibles, la gente reclama más presencia policial.

El "partido" de los derechos humanos

Finalmente, Cualquier gobierno, "de derecha o de izquierda", que decida enfrentar el delito chocará contra el "partido de los derechos humanos". Un partido informal, una creación de la revuelta estudiantil de mayo del 68 en Francia, que dio origen a esa nueva mirada candorosa hacia la delincuencia. Un partido ante el cual,  muchos han capitulado. La izquierda debe rechazar el "fantasma liberticida" que afirma que combatir la delincuencia sería ser de derecha.

Es cierto que las fuerzas progresistas en general no ponen a la seguridad entre las prioridades de su agenda. Pero algunos están empezando a cambiar. El propio Partido Socialista francés designó a un responsable de Seguridad en su secretariado nacional, algo impensable tiempo atrás. "La inseguridad no es una sensación",declaró a la prensa Jean-Jacques Urvoas, el diputado nacional designado para ese cargo.

En cuanto a América Latina, junto con Venezuela, cuyos índices de inseguridad se han disparado sin que el Gobierno haya reaccionado aún, tenemos el ejemplo del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, quien llegó a la primera magistratura encabezando una lista formada por una ex organización guerrillera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero no ha eludido el drama de la violencia delictiva en su país y acaba de poner en vigencia una ley para combatir a las maras (pandillas) que prevé penas más duras para quienes se sumen a estos grupos delictivos.

¿Qué es ser socialista? El socialismo como sentimiento

A grandes trazos, el socialismo propone que el interés del capital no es igual que el interés de la sociedad civil (todos nosotros, los trabajadores). A pesar de que el capital tiene propiedades (dinero, fabricas, bancos...), los trabajadores son los que verdaderamente hacen que funcionen el dinero, las fábricas y los bancos, entre otros. Por eso pueden tomar el poder. No deberíamos estar trabajando para ellos sino para nosotros. Y cuando esa nueva democracia llegue, haremos un mundo que se parezca a los trabajadores, a sus mujeres, a sus minorías, a sus personas con discapacidad....

Para eso, los trabajadores deben llegar a un nivel de madurez para controlar del sistema, a través del control de su trabajo. Ellos, los trabajadores, los gerentes, los publicistas, los orfebres, los cantantes, los maquinistas, deben saber qué hacer para que el mundo funcione con capital, pero no al servicio del capital. 

Ser socialista  es el compromiso que se asume con una forma de vida, lo cual no debe entenderse como una "obligación" ante los otros, sino que nos "obliga" a vivir como hemos elegido y que es la que más felices nos hace. En última instancia no es otra cosa que la imagen de sí mismo ante uno mismo lo que se está defendiendo.

Y hoy la izquierda vive sin utopías, perseguida por los fantasmas de los fracasos del socialismo real y de las escisiones, tensiones, descomposiciones y disputas entre los socialistas de distintos lugares que han llevado a que el sector político más progresista -y motor de los grandes cambios sociales- esté desorientado en la teoría y en la práctica de la política. Los sectores emparentados con las socialdemocracias se han resignado a la desaparición de las utopías y pretenden mimetizar la praxis política de la izquierda con las metodologías politiqueras de la derecha. Con lo cual, en los hechos electorales lo que se puede leer es que mayormente no han ganado los votos light del centro y que sí, en cambio, se han perdido los votos tradicionales de la izquierda, es decir, la de los zurdos que rechazan estas prácticas políticas perversas contaminadas de marketing y de campañas publicitarias donde se "vende una imagen", aunque el contenido... sea solo como la oquedad de un agujero: esté lleno de nada.

El socialismo -aunque nunca se lo haya querido reconocer explícitamente desde su propio discurso- también es pasión. El socialismo significó -y así espero que siga significando- una alta cuota de honestidad política. Esto no está dicho en los términos de los clásicos discursos de barricada para lograr votos o tontos que a uno lo síganme. Está dicho con todo el significado y significante que pueda estar puesto en ellas. El socialismo es y fue no sólo el de Carlos Marx, sino que también fue y es el de la Luxemburgo. El socialismo no es ni fue un fin en si mismo que justificara cualquier medio empleado para llegar a la meta propuesta. El socialismo era una forma de vida que servía -y sirve- para alcanzar objetivos. Nada más, que no es poco. Era, y continúa siéndolo, un medio y nunca un fin. Era una herramienta de trabajo político, ya que quienes en su momento adherimos a él lo hicimos convencidos de que por ahí pasaba el tren de la historia. Pero era una historia pensada e imaginada en los términos del progreso, del bienestar; la lucha de clases era un instrumento para lograr una sociedad enteramente justa, no sometida, libre y democrática. 

Hoy, como ayer, el socialismo sigue convocando a los que aún creen que se pueden hacer cosas. Sigue siendo la creencia que definieron  y describieron hace más de un siglo Carlos Marx y Pablo Iglesias. Mientras haya hambre, mientras haya guerra, mientras haya dolor, mientras haya injusticia, mientras existan poderes ignominiosos que ofenden la dignidad de lo humano, mientras hayan Derechos Humanos violados, etc.; digo que mientras existan todas esas mierdas que nos ofrece la "sociedad occidental y cristiana", el socialismo tiene necesidad de existir. Así como al lado de él van a sobrevivir todos aquéllos que intentan alcanzar el mismo objetivo de paz, justicia, libertad, dignidad, etc., aunque a través de otras metodologías.

Para que el socialismo -la izquierda en general- siga en el mundo cumpliendo el papel transformador que se ha propuesto y que se le reclama, deberá retomar el ideal humanista del joven Marx. En ese ideal está sentada en lugar principalísimo la tolerancia. Ser tolerante no significa mimetizarse o aliarse con aquello o aquéllos que no están en lo nuestro. El socialismo nació ateo. Es respetuoso y tolerante de cualquier culto religioso y de cualquier práctica religiosa, pero es un desatino pretender hacer un socialismo cristiano. El socialismo, del Siglo XXI, significa todavía una esperanza. Para que esa esperanza tenga posibilidades de tomar una forma y contenido hay que limpiarle la cara.

Pese a todo lo que ha venido sucediendo con la izquierda en el mundo, a mí, hoy a los cuarenta y cinco años, todavía el socialismo me sigue siendo útil como forma de vida. Me continúa sirviendo para tener vigente la pulsión de vida. Todavía creo que se pueden hacer cosas por lograr la justicia, la paz, la dignidad, en fin, todo aquello que le falta a la condición de lo humano para pretender ser algo más que un bípedo, es decir, un Hombre. El socialismo tiene vigencia para satisfacer las pulsiones individuales de manera orgánica y estructurada con la de los otros, no sólo de manera individual, sino asociados de un modo solidario en un proyecto compartido, común, de esfuerzos por satisfacer las necesidades -legítimas- de cada uno de los que aporten su grano de arena al bienestar de todos los habitantes del planeta. Y hoy, más que nunca, estimo que es el socialismo la única oferta válida para superar el individualismo esquizoide que está anestesiando y embargando el sentir y el pensar contemporáneos. El socialismo sigue siendo la única barrera efectiva para evitar el retorno a un estado de cosas reaccionarias y ofensivas para la dignidad humana.

Personajes improductivos (y III): el perfeccionista, el idealista, el controlador y…

9. El perfeccionista o tocapelotas

El perfeccionista es un obstáculo serio de cara a la productividad ya que ningún trabajo le parecerá lo suficientemente bueno lo que provocará un bucle infinito de correcciones y mejoras. El problema en este caso no es la mejora continua sino la “mejora sin fin”.

Un perfeccionista tiene problemas para delegar ya que, habitualmente (léase siempre), considera que los trabajos que no hace él en persona, no son “suficientemente buenos”. La consecuencia más habitual es que un perfeccionista suele convertirse en cuello de botella de todo aquello que gestiona.

Otro problema habitual del perfeccionista es que aplica el mismo grado de exigencia a cualquier tipo de trabajo lo que convierte en ineficientes muchos de ellos. No todo trabajo requiere de la perfección absoluta, únicamente aquellos que aportan verdadero valor.

La única estrategia válida ante un perfeccionista es demostrarle que no pasa nada por no hacer las cosas como él dice y que existen otros mundos (y están en éste). Eso sí, es un poco como un all-in en el poker, si te quedas sin fichas estás en la calle.

10. El idealista o feliciano

El idealista suele ser una persona joven (aunque no es requisito necesario) que proviene del mundo de la formación, calidad o de la consultoría. Se mueve en ámbitos muy teóricos pero nunca ha tenido que bajar a la arena y tratar de pasar de la teoría a la práctica.

El idealista no considera aspectos tales como la comunicación, las habilidades personales, en definitiva la “banda” que son los de su empresa y se limita a teorizar y hacer castillos en el aire. No es capaz de reconocer que lo que ha funcionado en Toyota puede no servir en Cárnicas Gutierrez o viceversa.

Su principal problema es que tiene serias dificultades para pasar a la acción, manteniéndose cómodo en su mundo de piruleta y gominola. Suelen preferir cambiar o culpar a las personas antes que cambiar o culpar a sus teorías.

Dado que nunca consiguen lo que persiguen y no aprenden de la realidad, a la que desprecian, suelen convertirse en unos tremendos promotores de ineficiencia. La única estrategia, si no salen de Matrix, suele ser dejar que se den la hostia (procurando que no salpique).

11. El controlador u obsesivo-compulsivo

El controlador es un personaje agobiante ya que su máximo afán es, naturalmente, tener todo bajo control. No tiene problemas para delegar tareas pero quiere tener tanto control de todo que no permite que la gente haga su trabajo con creatividad e independencia.

El controlador a veces se convierte en un tirano exigiendo plazos imposibles o una cantidad de indicadores, informes y reuniones que no permiten avanzar con el trabajo en sí mismo. Si un controlador es, además perfeccionista, y pesado tendrás frente a ti una de las mayores angustias laborales a las que puedes enfrentarte.

Se habla de controladores obsesionados con los indicadores, los seguimientos, los comités, etc. que jamás han llegado a saber qué leches estaban intentando controlar. Reuniones con doce personales de tres horas es la que sólo hablan dos son signos inequívocos de una organización a la que el sentido común abandonó hace tiempo.

La única manera de lidiar con él es darle lo que pide considerándolo una parte más de nuestro trabajo. Normalmente un controlado lo es por perfeccionismo o por inseguridad así que pueden servirte las ideas esgrimidas frente a estos dos personajes.

12. Tú

Lo llevabas claro si creías que te ibas a librar. Ni tú ni yo somos seres de luz, libres de pecado. Por momentos, nos convertimos en cualquiera de los personajes anteriormente citados. Además, estos roles pueden depender del entorno en el que nos movemos: una persona puede ser un inepto en el trabajo, un controlador con sus hijos y un pesado con sus amigos.

Bromas aparte, es fundamental que analices diariamente las situaciones en las que te has comportado de manera tóxica o improductiva o en las que has detectado la toxicidad de otros. También es muy importante reírse de uno mismo, más incluso que lo que nos reímos de los demás.

Como dice el proverbio ruso..

Si cada uno barriera delante de su casa…¡Qué limpia estaría la ciudad!

*Nota: Esta serie de artículos fueron publicados originalmente en “Una docena de…” bajo el título “Una docena de personajes improductivos a los que te enfrentarás”

Fuente:http://marcaladiferencia.com/archives/personajes-improductivos-y-iii-el-perfeccionista-el-idealista-el-controlador-y

Personajes improductivos (II): el pelota, el irresponsable, el veterano y el inepto.

5. El pelota o manipulador

El pelota es un personaje sibilino ya que te va a decir lo que quieres oír. El problema es que puede que sea verdad o no. Y el pelota no va a discriminar, si cree que tiene algo que ganar peloteándote cantará tus bondades siempre que pueda. Si te crees todo lo que dice acabarás jodido.

La alianza entre un pelota y un jefe inseguro o inepto puede ser una bomba de relojería en una organización. El fatídico tándem puede hacer carrera a costa de dejar la empresa sembrada de cadáveres. Quienes creyeron al pelota habrán colocado a una persona ineficiente en un puesto de responsabilidad (que no tardará en recompensar a su fiel escudero, el pelota). Posiblemente para cuándo se den cuenta de su error sea demasiado tarde.

Desconfía de las buenas palabras, sobre todo cuando no son solicitadas. Dicen los clásicos que los halagos debilitan. Ante el poder embaucador del pelota sólo funciona la mente fría y la autocrítica sincera.

6. El irresponsable o pasota

El pasota es el último de los personajes con los que te gustaría toparte si tienes que trabajar en equipo (y salvo que seas un eremita, tendrás). No admite ni plazos, ni metodologías ni consejos de ningún tipo. Simplemente va a su puta bola.

El pasota, si no tiene un cargo, suele acabar en la cola del INEM. El problema se multiplica cuando, dios sabe cómo, el pasota ha llegado a ser jefe y tú estás a su cargo. El pasota jamás va a sacar la cara por ti da igual lo bien o mal que lo hagas así que procura no meterte en discusiones bizantinas con otros departamentos.

No existe solución mágica ante un pasota. Si es compañero tuyo, trata de que te toque colaborar con él lo menos posible, si es tu jefe.. consuélate con que cuándo le pidas algunos favores, por puro pasotismo, también accederá. Como suele decirse, el que no se consuela es porque no quiere.

7. El veterano o superviviente

El veterano es alguien que peina canas y se viste por los pies. Se murmura que se perfuma con Varón Dandy aunque se desconoce dónde coño la consigue. Esgrime su antigüedad como arma multiusos y jamás reconocerá méritos de persona que no lleve x años en la empresa, tendiendo x a veinte o más años (o incluso a infinito).

Muchos veteranos son agresivos. Vieja escuela. Una especie del sargento mayor de “La chaqueta metálica” en versión patria. Muchas veces los encontrarás como mano derecha de un inepto o servirán de fuerza de choque a un manipulador.

Para ellos, cualquier tiempo pasado fue mejor y ya no se hacen las cosas como antes (ni se te ocurra añadir por lo bajini “afortunadamente”). En realidad, son personajes que no han hecho nada notable en su vida y su conocimiento se limita al adquirido el primer año, algo que han venido repitiendo durante los últimos cuarenta.

Los veteranos saben moverse en la dirección que sopla el viento. Si no, no habrían llegado a veteranos. Se arrimarán al ascua que más caliente. Si te los ganas, pueden ser un aliado o, al menos, dejar de ser un enemigo.

8. El inepto o inútil total

Siguiendo el principio de Peter, cualquier persona es ascendida en una organización hasta el puesto en el que ya no es eficiente. Por lo tanto, no te extrañe que el inepto pueble los escalafones más altos de las organizaciones. El que no lo era, se ha convertido.

Dar poder a un inepto es más peligroso que dar una pistola a un mono. Los ineptos, para defender ese escalafón desde el que demuestran su necedad, echan mano de cualquiera de los otros personajes para mantener su estatus.

Los ineptos son un lobby de facto contra la meritocracia y suelen potenciar el servilismo. De hecho su servilismo en lo que les mantiene vivos en sus puestos. Servilismo y eficiencia nunca han sido buenos amigos. Salir corriendo como pollos sin cabeza cumpliendo órdenes del inepto suele derivar en una organización ingobernable.

Habitualmente son protegidos de alguien importante o se mantienen en sus puestos por la ausencia del mismo por lo que a ellos les importa un comino algo que vaya más allá de su estómago (agradecido). No hay estrategia válida. Es un “o ellos o tú” y, lamentablemente, sueles ser tú.

Fuente: http://marcaladiferencia.com/archives/personajes-productivos-ii-el-pelota-el-irresponsable-el-veterano-y-el-inepto

Personajes improductivos (I): el pesado, el listillo, el inseguro y el quejica

Durante tu vida laboral te vas a encontrar con estos personajes en repetidas ocasiones. Algunos resultan más tóxicos que improductivos. En cualquier caso un ambiente tóxico es el caldo de cultivo ideal para la total ineficiencia laboral.

Conocerlos es la base para vencerlos:

1. El pesado o brasas

El pesado tiene la rara habilidad de pillarte siempre en el peor momento. No suele aparecer en la máquina de café o cuando tienes un rato libre, no. Cuando más liado estés, aparecerá el pesado. Si es de género masculino te hablará de la increíble juerga que se corrió el pasado fin de semana con sus amigotes, si es de género femenino te recomendará un balneario en la costa cuyo circuito, que incluye chocolaterapia, está tirado de precio y es un sueño hecho realidad. Curiosamente el pesado es un ser estacional, así que sus conversaciones irán de novias, bodas, pisos, niños, divorcios, etc. en función de la etapa vital por la que atraviese.

Partiendo de la base de que todas estas cosas te importan un comino, debes diseñar estrategias de huida con anticipación. Si además, el pesado es un superior jerárquico debes tener en cuenta que la socorrida táctica de “poner pies en polvorosa” va a tener excesiva visibilidad. Yo tengo grabada una autollamada al móvil, con voz grabada y todo, para este tipo de situaciones.

Ten en cuenta que el pesado carece de la percepción necesaria para darse cuenta del engaño. Sólo busca una víctima a la que paralizar con su cháchara. En el fondo lo que dice no le interesa ni a él. Huye de uno de los mayores ladrones de tiempo conocidos por la humanidad.

2. El sabelotodo o listillo de los cojones

Si tienes un sabelotodo a tu alrededor cuida muy mucho los comentarios que haces. Si se te ocurre comentar un artículo que leíste en voz alta ¡ya la has jodido! El sabelotodo caerá sobre ti y te soltará una soflama sobre él (o un compañero que tuvo en un trabajo anterior) al que le pasó eso. Da igual lo que sea “eso”. Si hablas de la congelación de las tuberías del transiberiano, el sabelotodo tendrá un conocido que trabajó allí.

El sabelotodo va a decir lo que tenga que decir, pase lo que pase, por lo que la estrategia correcta frente a él es no darle pie. No caigas en un error de principiante frente a un sabelotodo como es discutir con él. Por mucho que domines del tema y te des cuenta de que él no tiene ni idea debes tragarte tu orgullo y seguir a lo tuyo o entrarás es una espiral sin fin.

Conozco casos de gente que ha recurrido a los mails o el whatsapp para comunicarse con su compañero de la mesa de al lado simplemente para zafar de algún sabelotodo en las proximidades. No te confíes, aunque parezca que están trabajando, saltarán como un resorte en cuanto saques cualquier tema.

3. El inseguro o pobrecito

El inseguro es un ser que produce empatía y que despertará en ti, casi seguro, un inevitable sentimiento de ternura. El problema es que si te apiadas de un inseguro puedes acabar haciéndole su trabajo. Un inseguro puede repetir diez veces sin inmutarse la misma pregunta si la respuesta que le estás dando implica que haga algo que le saque de su zona de confort que es, por otro lado, más diminuta que la casa de David el Gnomo.

El inseguro lee varias veces el mismo mail antes de preguntar, pregunta varias veces antes de hacer nada y habitualmente no hace nada ya que entre lecturas y preguntas no le queda tiempo para la parte operativa. Cualquier tema que creías finiquitado resucitará a la más mínima duda para tu desesperación y su “deleite”. Prepárate a vivir tu particular día de la marmota.

Un inseguro es incapaz de comunicar, no ya malas noticias, sino cualquier tipo de límites o términos y condiciones de un servicio. Como el proceso de maduración humana suele llevar toda una vida, te aconsejo que lo cambies de área (o cambies tú) ya que intentar cambiar su carácter suele resultar infructuoso.

4. El quejica o pitufo gruñón

Una especie sumamente peligrosa que suele venir con una nube negra sobre su cabeza. Se pasa todo el día quejándose de lo mal que funciona todo. Tiene una nula capacidad autocrítica. Tras un par de conversaciones con ellos acabas sintiendo que debe estarse mejor en el frente afgano que en tu trabajo.

El quejica produce un ambiente tóxico sobre todo si encuentra “víctimas” que se unan a la fiesta del lamento y el quebranto continuo. Habitualmente no faltan candidatos. Si mezclamos quejas y envidias tenemos el hábitat natural para el rencor, que puede llegar a producir diferencias irreconciliables entre los antaño compañeros.

El quejica jamás propone soluciones, sólo escucharás quejas. Suele ser victimista y, para combatirle, no queda más remedio que ponerle en evidencia exigiéndole sugerencias de mejora y participación en la implementación de las mismas. Lo normal es que rehuya el reto o que, mientras se ocupa de la mejoras, al menos, esté callado.

Fuente: http://marcaladiferencia.com/archives/una-docena-de-personajes-improductivos-a-los-que-te-enfrentaras

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Documento de Economistas y juristas

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer  el PP.

Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.

LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE

La incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.

Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa,la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.

LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES        

Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO

Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las cotizaciones sociales   como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.

Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado “Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.

El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.

El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.

La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de la demagogia política.

Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.

LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO

La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorciosolo es planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo vulnerable.

Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por contingencias comunes.

La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las prestaciones.

EL FONDO DE RESERVA

Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.

LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES

En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional.

La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.

LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN

Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

El denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.

Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida.

TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS

Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.

El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto.

Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.

LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA

Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.

MÁS BIENES PÚBLICOS

Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.

John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos sector público.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.

EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO

El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.

Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus jubilados.

En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación  ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).

SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros.

Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.

CAPITALIZACIÓN O REPARTO

Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de Seguridad Social.

Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades financieras.

La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.

No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en último término de las prestaciones.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente de  acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.

Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL

Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.

Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

DERECHO CONSTITUCIONAL

En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:

- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.

Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.

- Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.

El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

• Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
• De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.
• Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
• De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.

Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.

-                 Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.

El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.

-                 Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.

Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.

-                 Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.

-                 Denunciamos que el grupo “de sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente  sesgada y muy poco independiente.

La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.

-                 Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.

-                Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.

-                 Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.

Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.

-                 Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.

Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.

-                 Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.

Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.

Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución “sabia” no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.

Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.

ELABORADORES DEL DOCUMENTO EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Francisco Álvarez Molina

Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros. Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA Patrimonios EAFI.

Lourdes Benería

Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas

como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.

Francisco Javier Braña Pino

Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, “Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones”. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.

Cristina Carrasco

Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y  ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona

Agusti Colom

Profesor de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.

Fernando Esteve Mora

Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid. Autor del trabajo “Justicia distributiva y sistemas de pensiones”. Principios. Estudios de Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe “Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).

Miren Etxezarreta

Economista. Ha  sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: ‘Que pensiones, qué futuro’  con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.

Ramón Franquesa

Profesor Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.

Alberto Garzón

Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados por  Izquierda Unida.

Antonio González González

Economista.  Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.

Adoración Guamán

Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. Doctora por las universidades de València y Paris X – Nanterre. Su ámbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones  destaca “El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo”, junto con Héctor Illueca  y la coordinación del libro “Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde”.

Héctor Illueca Ballester

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas y es coautor del libro “El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo” (2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.

Juan López Gandía,

Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos artículos especializados y es autor, entre otros, del libro “Las claves de la reforma de la Seguridad Social”, un análisis practico de la ley 27/2011.

Juan Francisco Martín Seco

Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.

José Luis Monereo

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, durante 34 años. Experto  en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, entre otros,  de los  libros y ensayos “Público y Privado en el Sistema de Pensiones”, “Los planes de pensiones del sistema de empleo”, “La edad de jubilación”, “La política de pensiones en el Estado Social en Transformación”, “Los planes de pensiones en el sector público”, “Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral”, “Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma” (Fundación Alternativas), “Ciudadanía y derechos de las personas mayores”.

Pedro Montes

Miembro por  oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús Albarracín, de la investigación  “Las pensiones y la Sociedad del futuro”, publicada por la Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros,  del libro “Golpe de Estado al Bienestar”.

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas  de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.

Carlos Ochando Claramunt

Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales.

Albert Recio

Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut d’Estudis del Treball

Jordi Roca Jusmet

Catedrático  del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de “economía laboral”.

Julio  Rodríguez López

Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (1969-71), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e  Industria de la Junta  de Andalucía; entre 1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.

Amat Sánchez

Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de València. Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del Insitut d’Estudis del Treball.

Juan Torres López

Juan Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.

Fuente:http://socialismo21.net/en-defensa-del-sistema-publico-de-pensiones/